El pasado 22 de septiembre de 2015, autoridades de la escuela IMARC le impidieron el acceso a sus instalaciones a Axan, un niño de cuatro años al que le gusta llevar el cabello largo.
Hasta que el pequeño se cortara el cabello, podría acceder al derecho de educación, un derecho universal y prioritario inscrito en la Constitución y avalado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación de la siguiente forma: “Tanto las instituciones privadas como las públicas tienen la obligación de acatar estos mandatos constitucionales. También tenemos el derecho a la educación y los menores cuentan con el derecho a que las decisiones que los impactan sean tomadas con su interés superior en mente”.
En este sentido, la madre de Axan sabía perfectamente cuáles eran los derechos del niño y que estos estaban siendo vulnerados. ¿Cómo explicarle a un niño de esa edad que su derecho a educación depende de un estereotipo de género?, decía. Así, publicó una petición en change.org para decir “no” a los estereotipos de género, misma que se viralizó rápidamente, dividiendo opiniones en todo el país.
De acuerdo con CONAPRED, la escuela deberá pagar 96 mil 239 pesos por daños y adaptarse a las normas de la Constitución Mexicana. Algo realmente bueno sale de todo esto, además de enseñarle a un niño de apenas cuatro años que los derechos humanos no son de papel y que las particulares no están por encima de la ley. Miles de menores deberían conocer el caso Axan.
Para nosotros, también nos deja el goce de que al menos en este caso, los derechos humanos no dependieron de un “contrato entre particulares”. Sin embargo, deberíamos respondernos la siguiente cuestión: ¿Qué tan poco en serio nos tomamos a los derechos humanos cuando seguimos creyendo que “las reglas” son lo que dicta una escuela que prefiere privarnos de nuestra educación, a revisar su concepción estereotípica e inconstitucional del género?
Fuente: http://periodicocorreo.com.mx/
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